Luego de haber retenido a un poblador de San Juan Quiahije, Juquila, por no aceptar un cargo asignado por la asamblea del pueblo en el Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca (IEBO), las autoridades decidieron encarcelar a un habitante de la comunidad y para liberarlo le exigen la cantidad de 20 mil pesos.
Ante esta situación la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, dirigió una medida cautelar dirigida a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría General de Gobierno del estado (Segego) para que implementen los mecanismos necesarios que salvaguarden los derechos humanos del ciudadano que fue retenido desde el 21 de febrero último por instrucciones del presidente municipal de San Juan Quiahije, Juquila.
Por esto se inició el expediente DDHPO/358/(11)/OAX/2016, a petición del hijo de la persona retenida, quien refirió que desde el 21 de febrero último el presidente municipal de San Juan Quiahije mantiene retenido en los separos de esa comunidad a su papá, porque no aceptó el cargo que le fue asignado en el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO).
Dijo que su padre no aceptó el cargo en el IEBO porque él no tiene hijos en dicho centro educativo, ya que, conforme a los usos y costumbres de la comunidad, integran el comité sólo aquellos padres de familia que tienen hijos en esa institución.
Agregó que el presidente municipal de San Juan Quiahije exige el pago de una multa de 20,000 pesos para dejar en libertad al retenido.
Expuso que solicitó la intervención de la Defensoría porque teme por la salud de su padre, quien se encuentra en condiciones insalubres y sólo a escondidas de la autoridad recibe alimentos y agua.
Por ello, personal del organismo defensor se comunicó vía telefónica con el presidente municipal de San Juan Quiahije, quien informó que en acuerdo interno de padres de familia del IEBO y autoridades educativas se designó al agraviado como presidente del comité de padres de familia de esa institución.
El presidente municipal agregó que, como el ciudadano no aceptó dicho cargo, lo mantendrá privado de su libertad hasta el próximo domingo 28 de febrero, cuando se lleve a cabo la asamblea general de ciudadanos para decidir sobre la situación jurídica del agraviado.
Ante este suceso, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General la adopción de una medida cautelar consistente en instruir al agente del Ministerio Público que corresponda para que se constituya en el lugar y requiera a la autoridad responsable que, en caso de que el ciudadano haya incurrido en la comisión de delito, lo ponga a su disposición, o en caso contrario, lo deje en inmediata libertad.
El organismo defensor informó que la Fiscalía General aceptó el 24 de febrero último la medida cautelar o precautoria a favor del ciudadano retenido.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Segego que, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que mediante el diálogo facilite la conciliación, acuerdos y resolución con respecto los hechos narrados, a efecto de proveer lo necesario para mantener relaciones armónicas entre las y los habitantes de San Juan Quiahije, así como evitar la consumación irreparable de las violaciones reclamadas, o daños de difícil o imposible reparación.
