Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Comité nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) manifestó que en las últimas tres semanas han ocurrido, graves hechos en el ancestral territorio comunal de Los Chimalapas, que han tensado al máximo la paz social en la región y que ponen nuevamente en evidencia la negligencia, pasividad, incapacidad e incluso, posible mala fe, de los gobiernos federal y de los estados de Oaxaca y de Chiapas.
Recordando que el conflicto de tierras y límites territoriales que el 29 de septiembre pasado, en la denominada Zona Oriente (porción de territorio invadida por los diversos gobiernos del estado de Chiapas desde hace 60 años), un rondín de vigilancia comunal retuvo en flagrancia a un talamontes que resultó ser el presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario de origen chiapaneco, Rodulfo Figueroa, que es a la vez supuesta cabecera del municipio chiapaneco Belisario Domínguez, al que el Comité califica de “ilegal e ilegítimo”, asegurando que esto fue narrado en palabras de los propios comuneros y comuneras de las Congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, San Miguel Chimalapa, Oaxaca.
Relata la asamblea de las comunidades de Benito Juárez y San Antonio, pertenecientes al municipio indígena de San Miguel Chimalapa, estado de Oaxaca; por acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2016, acordaron realizar un recorrido de vigilancia en sus bienes comunales, en el paraje conocido como “El Quebrachal”, en el comuneros de las dos comunidades se informa que encontraron a una persona del sexo masculino, quien dijo llamarse Ángel López Sánchez, al que finalmente retuvieron en contra de su voluntad.
“El manifestó ser el Comisariado Ejidal de Rodulfo Figueroa, Chiapas, quien se encontraba en el lugar de los hechos con una motosierra marca Husqvarna365 con evidencias de aserrín y quien manifestó que trabaja en el paraje denominado El Quebrachal, perteneciente a los bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Oaxaca; encontrándose también madera aserrada recientemente y costeras, además evidencias de tala continuas en el lugar”.
Precisa el informe del Comité asegurando que las denuncias sobre este tipo de situaciones datan desde el 22 de febrero de 2005, donde ante la Delegación Estatal de la PROFEPA, se denunció “derribo de arbolado en el paraje denominado “EL QUEBRACHAL”, antes conocido como “LA CARRACA”, instaurándose procedimiento administrativo bajo el exp. No. PFPA/OAX/57/0101-05/FORESTAL, por la que se levantó el acta número PFPA-020-SIV-F-0242/2005.
Ante esto el Comité afirma que no ha habido respeto a sus bienes comunales, ni a sus bosques, ya que ejidatarios de Rodulfo Figueroa, Chiapas, han continuado talando su madera, así como los que se dicen presuntos propietarios.
Aseguran que el conflicto se ha agudizado por “acciones impunes y malintencionadas de parte del gobierno federal”. Responsabilizado a la Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales (SEMARNAT) de haber otorgado permisos de aprovechamientos forestales maderables en lo que llaman sus bienes comunales.
Argumenta que los gobiernos federal y de Oaxaca no han atendido en casi cuatro años el reclamo central de la base comunal de las citadas congregaciones, consistente en la instalación inmediata de una mesa agraria-ambiental, con participación del gobierno de Oaxaca, el Gobierno Federal (a través de la Secretaría de Gobernación); oficinas centrales México de la PROFEPA, SEMARNAT y la PGR, para que se dé fin a la tala indiscriminada de madera que los invasores están haciendo de los bosques del área de conservación comunitaria denominada “Cordón – el Reten”.
Además de la cancelación inmediata y definitiva, de todos los permisos de explotación maderable otorgados en sus bienes comunales, a ejidos chiapanecos y presuntos propietarios, y el respeto irrestricto al territorio comunal y a la suspensión de plano, otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de controversia constitucional 121/2012.
En lugar de ello y con el propósito de liberar al retenido Ángel López Sánchez, la respuesta del gobierno oaxaqueño, fue la de enviar, dos días después, un helicóptero oficial, llevando a bordo, a los pilotos Emilio Olmos Gómez y José Álvaro Mora Morales; al fiscal del estado adscrito a la Vicefiscalia Regional, Juan Carlos García Salud; al comandante de la Agencia de Investigaciones Sector Oriente, Esau Trujillo Gómez, al presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, José Medel Jiménez Cruz y a otra persona al que identifican con el nombre de Rosalino Sánchez Martínez.
Ellos “llegaron ante la asamblea de comuneros de ambas congregaciones, con la única consigna de presionar para que se les entregara al talamontes retenido. Frente a ello, la base comunal de ambas congregaciones decidió retener a las cinco personas y al helicóptero”.
Señala el Comité, argumentando que esta retención fue (finalmente los retenidos y el helicóptero fueron liberados el pasado siete de octubre) una medida de presión para que el gobierno federal y del estado de Oaxaca para que instalen urgentemente una mesa de diálogo con funcionarios de alto nivel, para la toma de decisiones y solución definitiva ante la problemática ambiental generada por la tala ilegal que se ha venido haciendo, acusan “bajo protección y amparo del Gobierno de Chiapas, quien no acata la orden jurisdiccional otorgada el 20 de diciembre de 2012, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional número 121/2012”.
El Comité comenta que los comuneros inconformes solicitaron ya la presencia en el lugar de Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con el fin de revisar con la SEGOB, los puntos solicitados en sus demandas.
Hoy el conflicto ha escalado a tal gravedad que 300 comuneros inconformes, según da cuenta el mismo informe, terminaron por incendiar el juzgado de garantías y el ministerio púbico de Matías Romero, Oaxaca, pues acusan que ahí liberaron bajo una fianza de cuarenta mil pesos a David Vega Guerrero, al que los comuneros señalan como “pistolero y reinvasor”.
Y al que acusan de haber llevado durante quince años la comisión de graves delitos en la zona en conflicto, tales como según el citado informe, “quema de casas, violación de mujeres, lesiones e intentos de homicidio, secuestro y la desaparición del comunero Pablo Escobedo Méndez”.
La tercera situación en el conflicto Chimalapas que el informe mira como grave es el clima de abierta violencia desatada en la zona centro del municipio de San Miguel Chimalapa, (cabecera y sus alrededores) donde el citado Comité asegura que “se ha incrementado gravemente la violencia presentándose varios enfrentamientos armados, emboscadas y ejecuciones, creando entre la población un clima de inseguridad y miedo, esto en el contexto de unas muy disputadas y próximas elecciones para presidente municipal”.
El CNDyCCh expresa una extrema preocupación por el cada vez mayor riesgo de estallidos de violencia social en Los Chimalapas, del que aseguran es “producto de la negligencia, incapacidad, pasividad y falta de respuestas justas y oportunas, de parte del gobierno de Oaxaca y de varias instancias del gobierno federal”.
Y hacen públicas exigencias para solucionar un conflicto que solo crece y no decrece en su intensidad, en el que la primera es que se ratifique, se cumplan y se hagan cumplir todos los compromisos establecidos en el “Acuerdo de Distensión Integral para garantizar la paz y tranquilidad en la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas”, firmado en las oficinas se la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México el día 22 de diciembre de 2011.
Además de que se restablezca la Mesa Agraria Ambiental en la Secretaría de Gobernación, sumándole a ésta la vigilancia y seguimiento a respeto de los Derechos Humanos individuales y colectivos, vinculados directamente a estos temas agrario y ambiental, y que esta Mesa, con participación directa de autoridades comunales y comisiones de las comunidades de la zona oriente, invadidas y en riesgo de confrontación”.
El CNDyCCh encomienda que se analice las delicada situación actual y se tomen las medidas inmediatas conducentes, para atender las demandas de los indígenas zoque chimalapas, cancelándose definitivamente todos los permisos de explotación maderera expedidos por SEMARNAT a núcleos agrarios y supuestos propietarios privados de origen chiapaneco, y aplicando todo el peso de la ley a talamontes y depredadores denunciados.
Con información de Rioxaca.com
