Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, señaló que el derecho a la consulta indígena para los pueblos no debe ser violado por falta de leyes locales o nacionales y éste debe basarse en los más altos estándares establecidos a escala internacional.
A su vez, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), subrayó que las autoridades tienen el deber de organizar procesos de consulta por cada acto de autoridad como megaproyectos de desarrollo, creación de leyes y articulación de políticas públicas que pueda afectar a los derechos de los pueblos indígenas.
“El derecho a la consulta no es aislado, va vinculado con derecho a la vida, agua, derecho a la tierra y a un medio ambiente sano, entre otros”, puntualizó.
Durante su participación en el coloquio “La consulta libre, previa e informada: estándares y experiencias internacionales y regionales”, Tauli-Corpuz reiteró que antes de aprobar leyes o proyectos que puedan afectar a comunidades indígenas, éstos deben someterse a consulta para evitar casos como el que ocurrió en la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, Oaxaca, donde hubo evidencias de violaciones al derecho a la consulta.
En esta visita no oficial, manifestó su preocupación por la falta de aplicación de la consulta indígena en México para proyectos de inversión que modifiquen el modo de vida de las comunidades y afecten los recursos naturales de su entorno.
Al evento organizado por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asistieron integrantes de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, Oaxaca, zona donde se realizó la primera consulta indígena impulsada por el gobierno mexicano, en el marco de la reforma energética para el desarrollo de un megaproyecto eólico.
En esa consulta se registraron graves violaciones a los principios rectores del derecho, como lo son: falta de transparencia en la información, inadecuación cultural, falta de claridad y eficacia en los mecanismos de toma de decisiones, indebida participación de la empresa durante el proceso, violación al carácter previo de consulta, entre otros.
Las violaciones a los principios de la consulta de 2014 en Juchitán, fueron documentadas por la Misión de Observación que conformaron diversas organizaciones, entre ellas el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC).
En el Istmo de Tehuantepec, se ha incrementado la construcción de parques eólicos representando un aumento de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades que ahí habitan en particular al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, situación que fue expuesta por ProDESC ante la Relatora Tauli-Corpuz durante una reunión previa al evento.
Esta situación se presenta pese a que en América Latina varios países, incluyendo a México, han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el principal tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en materia de consulta.
Al cierre del coloquio, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado ONU-DH, destacó que al incluir a los pueblos indígenas se debe respetar su visión del mundo y comunicarla de tal forma que sea posible para los representantes de las comunidades indígenas entender los proyectos y las inversiones sin tecnicismos y con conceptos entendibles.
En línea con lo expresado por la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, Jan Jarab dijo que es muy importante resaltar que el derecho a la consulta y al consentimiento no es algo que debiera concebirse de manera aislada, sino que está directamente vinculado con los derechos sustantivos.
Con información de Proceso
