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Les roban su identidad para encubrir fraude millonario en Oaxaca

Oaxaca
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OAXACA, Oax. (apro).- Una empleada de mostrador, un talachero y un chofer son los “presos” del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa a los que, presuntamente, les “robaron su identidad” para encubrir un millonario “fraude maquinado” en la Secretaría de Salud de Oaxaca durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

Lo sospechoso del caso es que Silvia Alicia Ramírez Ramírez, Jaime Tablada Cruz y Ángel Martínez Carreño eran trabajadores del Grupo Empresarial MTO, cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, quien ha ganado licitaciones o adjudicaciones de contratos en la mencionada dependencia por concepto de ventas de llantas y servicios de mantenimiento a vehículos en oficinas de gobierno.

Por investigaciones realizadas por la propia familia y el cuerpo jurídico de Alicia, Jaime y Ángel, concluyeron que “utilizaron su identidad para que aparecieran como responsables administradores únicos de empresas fachada” y encubrir así a los que verdaderamente fraguaron el fraude maquinado en la Secretaría de Salud.

Sin una investigación a fondo, el gobierno de Murat, a través de la Fiscalía General de Oaxaca, detuvo el pasado 7 de junio a la empleada Alicia, al talachero Jaime y al chofer Ángel, quienes fueron vinculados a proceso, les dictaron auto de formal prisión por fraude maquinado y ahora les niegan la libertad provisional bajo caución.

Con estas detenciones, “el gobierno actual trata de dar un mensaje de que no tolerará la corrupción, pero no se está investigando el fondo, a los verdaderos responsables, solo buscan chivos expiatorios para proteger a los verdaderos peces gordos”, sostuvo Alfonso Renato Ramírez Ramírez, hermano de una de las detenidas.

El familiar considera que Alicia, Jaime y Ángel se encuentran como rehenes políticos para mandar el mensaje de que se combate la corrupción porque se encuentran incluidos en el paquete del expediente contra el exsecretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, recluido en el penal de Ixcotel. Sin embargo, los verdaderos ladrones siguen libres.

El pasado 3 de junio fue detenido Tenorio Vasconcelos, acusado del delito de “abuso de autoridad”. El 9 de junio, el Juez Segundo de lo Penal le dictó auto de formal prisión. Dos días antes de ese fallo, el 7 de junio, la Fiscalía General ejecutó órdenes de aprehensión contra seis supuestos empresarios –Ángel Martínez Carreño, Silvia Alicia Ramírez, Ceiba López Méndez, Jaime Taboada Cruz, Jackson Méndez Ramírez e Isaac Abraham Flores-, quienes supuestamente fueron contratados en la administración de Tenorio Vasconcelos y son acusados de fraude maquinado por la construcción de baños ecológicos en comunidades de alta marginación y por los cuales presuntamente recibieron 26 millones de pesos.

Y es que, según la Fiscalía, los acusados relacionados en los expedientes 44/2017, 47/2017 y 48/2017 presentaron expedientes ficticios e, incluso, fianzas inexistentes con los que se les autorizaron los recursos económicos, pero las obras nunca se llevaron a cabo.

Los indiciados afirman que nunca estuvieron enterados de esas operaciones fraudulentas ni firmaron nada y menos les hicieron transferencias electrónicas de dinero desde la Secretaría de Salud a sus cuentas bancarias.

Con Información de PROCESO

Robo de identidad

Alfonso, hermano de Silvia Alicia, considera que se debe de investigar al responsable del manejo de la documentación personal de la empresa Avantires S.A. de C.V. que pertenece al grupo empresarial MTO, cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, ya que “es mucha coincidencia que Silvia, Jaime y Ángel trabajaban en una de las cinco empresas del Grupo Empresarial MTO en el 2012”.

El Grupo empresarial MTO lo conforman: Avantires S.A. de C.V., Multillantas Avante de Oaxaca, S.A. de C.V. y Llantas MAO, S.A. de C.V. (personas morales) y Carlos Martínez Olivera y Guillermo Martínez Olivera (como dos personas físicas), hijos de Martínez Tamayo.

Además, éste “realiza y gana licitaciones o le adjudican contratos en la Secretaría de Salud por concepto de venta de llantas, servicios de mantenimiento a vehículos de dependencias de gobierno, incluida los Servicios de Salud de Oaxaca”.

Aunado a ello, tiene familiares trabajando en el área administrativa de los Servicios de Salud de Oaxaca como su prima hermana, Raquel García Martínez, quien es jefa de Unidad de Servicios al Personal y labora ahí desde 1999.

Lo mismo su primo Roberto Carlos Martínez Gómez, quien es jefe del Departamento de Relaciones Laborales en los Servicios de Salud oaxaqueños.

Lo que genera mayor sospecha es que el empresario se comprometió con ponerles a sus trabajadores una defensa jurídica y a uno le sigue pagando su salario.

Si los documentos personales de Silvia Alicia estaban bajo el resguardo de la empresa de Carlos Eduardo Martínez Tamayo, quien los proporcionó o facilitó para que fuera utilizada en la suplantación que hicieron de su persona para defraudar a los servicios de Salud de Oaxaca porque falsificaron su firma y utilizaron sus generales para simular actos jurídicos.

Silvia Alicia Ramírez, madre soltera de 42 años, era empleada de la empresa Avantires S.A. de C.V., ubicada en Trinidad de las Huertas, donde desde el año 2000 realizaba labores de limpieza en la tienda, atención a clientes o venta de llantas y rines. Según el expediente 47/2017, se le acusa de un fraude maquinado en la construcción de 198 sanitarios en Tlaxiaco, Teotitlán de Flores Magón, Cuicatlán y Huajuapan de León por un monto de cuatro millones 649 mil 853 pesos.

De acuerdo con el expediente que se encuentra en el juzgado segundo de lo penal, los Servicios de Salud le hicieron un depósito, vía transferencia, de dos millones 324 mil 926 pesos con 56 centavos (50% del contrato) a la cuenta bancaria 4051340644 del banco HSBC el 4 de enero de 2013.

La detenida es señalada de ser la administradora única de la empresa Construcción ICIBIT, S.A. de C.V., la cual fue creada por Leonor Carrasco Hernández y Patricia Castellanos Vásquez, el 16 de febrero de 2011 ante el Notario Público número 94, Rodolfo Morales Pasos, mediante el volumen 620, instrumento 29468, donde fungió como representante legal Judith Javier Mesinas.

Al rastrear a la Construcciones ICIBIT, S.A. de C.V., se percataron que se encuentra en la lista de empresas no localizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entonces, se dieron cuenta de que sí existe, pero se ubica en Puebla y cambió de domicilio fiscal.

También observaron que quien tramitó los sellos digitales ante el SAT fue la representante legal Javier Mesinas, quien se deduce fue la persona que realizó el trámite de apertura de cuentas bancarias. El plan realizado fue la de nombrarla a ella como representante legal y utilizar la documentación de Silvia Alicia para nombrarla como administradora única y no tener responsabilidad penal. Por esa razón no aparece investigada ni fue detenida en el presente caso.

Sin embargo, Judith Javier Mesinas aparece en varias de las empresas relacionadas con el fraude a los Servicios de Salud de Oaxaca que tienen el mismo domicilio, ya sea en Oaxaca, Veracruz o Puebla, por lo que a través de estas empresas fachada es donde utilizaron documentos y falsificaron firmas de otras personas para realizar este tipo de fraude.

De ahí que varios “representantes legales” o “administradores únicos” son o fueron trabajadores de este grupo de empresas que se dedican a proporcionar asesoría contable, fiscal, laboral, penal.

Por su fuera poco, Judith Javier Mesinas no aparece registrada ante el INE con los datos que se asentaron en las actas notariales.

Momento de suplantación

El 30 de noviembre de 2012, mediante el volumen 660, instrumento 32249, ante el notario público 94, Rodolfo Morales Pasos, se protocolizó un acta de asamblea extraordinaria en la que nombraron como administrador único a Silvia Alicia Ramírez y ratificaron como representante legal a Judith Javier Mesinas, quien supuestamente compareció ante el notario a protocolizar esta acta.

Entre las irregularidades que se encontraron destacan que el acta anexa a la protocolización no tiene fecha; como domicilio social de la empresa únicamente se menciona la ciudad de Puebla; los datos generales de Judith Javier Mesinas no coinciden con los que asentó el notario; no se anexa copia de la credencial de elector de Silvia Alicia; no aparecen las firmas de Patricia Castellanos y Leonor Carrasco, socias fundadoras que en el acta que supuestamente, cedieron sus derechos a Silvia Alicia y a Hortencia Acevedo Sánchez y este documento no está inscrito aún, según investigación, ante el Registro Público de Comercio.

Por consiguiente, los detenidos nunca participaron en este fraude, sino que solo utilizaron su identidad para que aparecieran como responsables administradores únicos de empresas fachada. Y, si bien es cierto se constituyeron notarialmente y gestionaron los sellos fiscales ante el SAT, ello fue a través de gestores.

Es decir, los administradores jamás comparecieron ante el SAT, tampoco a la apertura de cuentas bancarias y en la transferencia de fondo de la Secretaría de Salud porque fueron vía electrónica. El hecho es que es un dinero que nunca tuvieron en sus manos, una sociedad mercantil en la cual nunca tuvieron conocimiento de su constitución, ni como socios, ni como administradores, pero como utilizaron sus generales e identificaciones los involucraron y hoy están procesados.

Los inculpados insisten en que “son chivos expiatorios y son personas que injustamente fueron acusados de fraude maquinado cuando ellos no estaban enterados de esta triangulación desde la Secretaría de Salud, agentes externos y gestores, avalados con un notario público para darle formalidad a unas empresas que fueron creadas exprofeso para eso porque no tienen trabajadores ni historial fiscal”.

Además, consideran que los trabajadores son un sector vulnerable, por eso los utilizaron para proteger a los que saquearon la Secretaría de Salud, no con 26 millones de pesos, sino con miles de millones.

Otra de las irregularidades es que los procesos penales que les siguen no les permiten tener su libertad provisional bajo caución cuando es un delito no grave y no existe riesgo de fuga o peligrosidad.

Finalmente, dejan la pregunta en el aire: ¿A quién están protegiendo el gobierno de Alejandro Murat?