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Thu, Aug

Propone Pável Meléndez crear el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca

Oaxaca
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*Presenta iniciativa para crear la Ley del Instituto de la Defensoría Pública

*Brindar certidumbre a defensores y garantizar una defensa integral a ciudadanos de escasos recursos

Al considerarlo como un acto de justicia para los profesionales de la abogacía, el diputado local Pável Meléndez Cruz propuso crear el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, para actuar con verdadera independencia respecto de los otros poderes.

La iniciativa de ley, precisó, plantea un nuevo esquema de organización de la Defensoría Pública en la entidad, con la finalidad de otorgar un servicio de calidad, universal y gratuito. Por ello, consideró, se hace necesario fortalecer a esta institución como una de las principales instituciones en dar certeza legal, a través de una ley que oriente y represente a las personas que no cuentan con los recursos económicos para tener un abogado particular.

“Los defensores públicos deben contar con las garantías de admitir y ejercer en forma libre, sin presión, coacción o intimidación de ningún tipo, la defensa legal de cualquier persona que lo solicite, además de realizar la defensa técnica, sin limitaciones, restricciones o abusos que afecten sus derechos o de las personas a las que defienden”, asentó el legislador.

Ante esta situación, Pável Meléndez destacó: “Se debe crear el Instituto como un organismo público, autónomo, es decir, con independencia de los Poderes del Estado, con goce de plena autonomía organizativa, funcional, financiera y administrativa”.

De esta forma, fundamentó, se dará un paso muy importante para perfeccionar el sistema de justicia, respaldando a los defensores públicos, pero principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad como son los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Hoy en día, refirió que la Defensoría Pública tiene su adscripción como órgano subordinado al Poder Ejecutivo, al ser un organismo público descentralizado a la Consejería Jurídica del Gobierno y por ende hace caso omiso a los defensores públicos en la toma de decisiones, quienes además tienen jornadas laborables de tiempo completo y un salario insuficiente.

Y remató: “En esta nueva ley se prevé la prohibición de que los defensores públicos ejerzan la abogacía en asuntos ajenos a dicha función, así como para que asistan a quien tenga designado un defensor particular, o en su caso coadyuven con algún abogado particular, reciban dádivas y realicen negociaciones o desistan de la acción sin el consentimiento por escrito de sus defendidos”.

Puntualizó que sería el Congreso quien nombre al director del nuevo organismo autónomo, así como también se le otorgará la facultad de removerlo en caso de que incurra en alguna arbitrariedad, en sanciones penales graves o en actos de corrupción.