Al menos 40 trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), fueron despedidos por el titular de la dependencia. A través de un comunicado los afectados denunciaron el despido injustificado y abuso de autoridad por parte de titulares de esta dependencia.
Indicaron que el pasado 18 de diciembre al menos 40 personas trabajadoras de la institución, fueron reunidos en las instalaciones de la Delegación Estatal, donde se les informó que daban por concluida la relación laboral hasta el día 31 de diciembre de 2015, argumentando que dicha decisión fue una instrucción directa de las oficinas centrales de la CDI en la Ciudad de México; sin que se dieran a conocer las causas del despido masivo.
Los trabajadores señalaron que los trabajadores eventuales y de confianza fueron citados a una reunión de trabajo presidida por la subdelegada estatal Amable Cecilia Cruz Lozano, Ana Lilia Cruz Pérez, jefa del Departamento Administrativo y por Luis Rey Sumano Carreño, jefe del Departamento Jurídico de la Delegación Estatal de la CDI, en donde fueron notificados de su despido y se les condicionó que sólo sabrían el contenido de las cartas de renuncia cuando firmaran.
Indicaron que se les condicionó el tiempo para aceptar firmar la renuncia a 15 minutos, de tal manera que les impidieron buscar asesoría jurídica debido a lo corto del tiempo, por lo que todos decidieron no firmar, a excepción de un trabajador que firmó la renuncia “voluntaria”, la cual presentaba irregularidades, pues mientras que fueron notificados el viernes 18, el documento estaba fechado el martes 15 de diciembre.
A diferencia de los trabajadores eventuales, a los trabajadores de confianza les fue ofrecida una supuesta liquidación de ley, sin reconocer los años de antigüedad real de cada uno de ellos; asimismo y de manera arbitraria, les presentaron documentos que habían redactado unilateralmente.
Estos incluían la solicitud personal para incorporarse al programa de liquidación que se está implementado a nivel nacional, un convenio de acuerdo de aceptación de la liquidación y el documento de renuncia.
Todos estos documentos no les fueron entregados de manera impresa; asimismo fueron advertidos que de no firmar en ese momento, el recurso programado para las liquidaciones sería devuelto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejándolos sin la posibilidad de cobrarlo posteriormente en caso que cambiaran de decisión y sin dar tiempo suficiente para asesorarse legalmente y revisar que el documento tuviera los requisitos de ley.
De igual forma, en caso de firmar, el pago de la liquidación impuesta se haría efectiva hasta enero de 2016, pero debido a la negativa para firmar cualquiera de los documentos que les fueron mencionados, los funcionarios les enviaron correos, a través de la cuenta institucional a partir de las 10 de la noche del viernes 18 de diciembre.
En los correos hicieron del conocimiento tanto a los trabajadores eventuales como de confianza, quienes en la mayoría de los casos llevamos al menos de 10 años de servicio que concluyen la relación laboral con ellos a partir del 31 de diciembre de 2015, que sin solicitarlas están obligados a hacer uso de sus vacaciones del 21 al 31 de diciembre de 2015.
Vale la pena señalar que la mayor parte de personas despedidas son mujeres: jefas de familia, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes difícilmente podrán emplearse, a pesar de que llevaban más de 20 años de servicio.
“Es de nuestro conocimiento que este despido masivo e injustificado es parte de los despidos que se están realizando a nivel nacional por dicha institución, pues se prevé el despido de 2 mil trabajadores y trabajadoras de los 3 mil 700 que conforman actualmente la CDI, lo que refleja la “política de austeridad” anunciada por Enrique Peña Nieto y las violaciones a los derechos humanos de las y los trabajadores en México.
Y agrega que además de no ser notificados conforme a la ley, sin un periodo justo de notificación y sin informarnos de las causas del despido; los trabajadores fueron objeto prácticamente de un desalojo, no permitiéndonos recoger sus cosas; además de ser videograbados sin nuestro consentimiento a manera de intimidación, siendo objeto de hostigamiento laboral al viejo estilo priista, que ha caracterizado a esta administración.
“Es necesario mencionar, que si bien las y los trabajadores hemos mostrado una actitud apartidista y meramente institucional, éste ha sido uno de los motivos del encono para el señalamiento contra las y los trabajadores despedidos, asimismo, no podemos omitir el contexto electoral que estaremos viviendo en Oaxaca el próximo año, lo que permitiría reclutar a personas afines a dicho partido”.
Es necesario mencionar que la mayoría de quienes no fueron despedidos son personas ingresadas recientemente; estando adscritos a acuerdos políticos y que no cumplen con el perfil necesario. Contrario a ello, algunas de éstas son personas con antecedentes penales, demandados por robo, fraude, entre otras; exautoridades municipales priistas o de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).
Exigieron al Gobierno Federal y a las autoridades nacionales y estatales de la CDI: respeto a los derechos laborales de los trabajadores despedidos de la Delegación Estatal de la CDI; a los funcionarios de la CDI les exigimos a que de manera congruente garanticen la fuente de empleo de sus trabajadores; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH) la instamos realizar las acciones que estén a su alcance para que se garanticen los derechos humanos de las y los trabajadores en México.
Asimismo exigieron a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), tomar cartas en el asunto y cumplir con la misión que les ha sido encomendada. Responsabilizaron al Gobierno Federal y Estatal de cualquier represalia en su contra y en contra de sus familias por defender nuestros derechos laborales.
