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Mon, Jan

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Entre 2013 y 2014 se realizaron 56 auditorías al gasto federalizado que se entrega al gobierno de Oaxaca a través del Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Prospera, así como a las transferencias del Acuerdo de Coordinación, de las cuales aún hay 19 abiertas, que representan irregularidades por 790 millones 167 mil pesos.
De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), éstas corresponden a impuestos retenidos, Seguro Popular, pagos irregulares, recursos no transferidos, cuotas sociales, así como rendimientos generados que no fueron comprobados.
Dichos rubros corresponden a los desvíos que ha denunciado la sección 35 del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud (Sntsa). Tres mil 500 millones por desvíos en el Seguro Popular y 500 millones de pesos por incumplimiento de pagos a terceros institucionales, además de la entrega de uniformes de mala calidad.
La fiscalización de los fondos de salud realizada por la ASF deja ver que aún están pendientes 790 millones 167 mil pesos, de los cuales 306 millones 769 mil pesos corresponden a 10 auditorías en seguimiento de 2013 y 483 millones 398 mil pesos millones de pesos de nueve más en 2014. En total se realizaron 56 auditorías.
Se solicitó al gobierno de Oaxaca su posición respecto a las auditorías abiertas de 2013 y 2014, pero hasta el momento del cierre de la edición no hubo respuesta.
En 2014 una de las auditorías concluyó con la presentación ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental de una solicitud de investigación y procedimientos administrativos, “por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no presentaron el segundo trimestre de 2014 a nivel financiero; no presentaron el formato único a nivel proyecto de los cuatro trimestres de ese año y no realizaron las evaluaciones para conocer los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2014”.
Germán Tenorio Vasconcelos, secretario de Salud durante el periodo 2010-2015, fue separado de su cargo debido a malos manejos en el uso de los recursos públicos.
El funcionario de militancia priista no comprobó la contratación de su hija Daniela Tenorio Bernal como trabajadora de los servicios de salud, así como la adquisición de un avión tipo Cessna Aircraft con matrícula XB-LKO, cuyo costo ascendió a más de 3.5 millones de pesos.
Aunque en enero de 2016 se informó del inicio de un procedimiento contra el funcionario y fue sancionado con 13 años de inhabilitación, el 4 de mayo fue presentada la constancia de no inhabilitación, con folio 12413 y firmada por Roberto Diego López Hernández de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca.
De los informes de la ASF se desprenden diversas irregularidades detectadas en el Seguro Popular por un monto de 94 millones 943 mil pesos de cuatro auditorías.
Incluso, la ASF instruyó “a quien corresponda a implementar las acciones necesarias para que en lo subsecuente se evalúe y mejore continuamente el desempeño del programa para proporcionar una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos del Seguro Popular y mejorar la eficacia de los procesos de operación, administración y control”.
Sin embargo, en 2014 se encontraron nuevas irregularidades en el ejercicio y aplicación de recursos por un monto de 188 millones 533 mil pesos, mismos que a diciembre de 2014 no habían sido devengados. Todo esto ocurrió durante la gestión de Salvador Monroy, quien fue relevado del cargo en octubre de 2014.
Su salida se debió a que fueron encontradas toneladas de medicina en bodegas en Tlalixtac, en medio de denuncias por desabasto en al menos 10 hospitales que estuvieron parcialmente cerrados por la falta de medicamentos. En algunas otras, los pacientes tuvieron que comprarlas.
Como parte de las denuncias hechas por el sindicato de salud de Oaxaca, acusó desvíos por 3 mil 500 millones de pesos del Seguro Popular, razón por la cual exigió la salida de su titular, Rogelio Hernández.
El dirigente de la sección 35 del Sntsa, Mario Félix Pacheco, refirió que los desvíos a los que se refieren en su pliego de demandas, se arrastran desde hace más de dos años y a la fecha la cifra se ha incrementado por los intereses generados.
En tanto, respecto a los uniformes que exigió la sección 35 del Sntsa, el gobierno estatal se comprometió a entregar vales de despensa para cubrir los uniformes correspondientes a 2016. Aunque se exigía la entrega en efectivo, el encargado de despacho de la secretaría de Salud, Héctor González, dijo que no se pagaría el dinero en efectivo porque podría configurarse un delito, pues no está establecido así en la ley.
“Si ejecuto mal una acción afecto al gobierno entrante, si dejo una situación ilegal, también dejo un mal antecedente, creo que hay algo más que no percibe por parte de la sociedad que son intereses políticos. No necesitamos en el ámbito de la salud hacer este tipo de movilizaciones para poder dar soluciones”, advirtió el responsable de la Secretaría de Salud del estado.
Frente a este escenario, el personal de salud de Oaxaca cumple cuatro semanas en paro y ha afectado el funcionamiento de 600 centros de salud y 23 hospitales en los 570 municipios.
Félix Pacheco señaló: “Tenemos muy bien claro que trabajamos con algo muy delicado que es la salud de los oaxaqueños, y por esta situación a nosotros no nos hacen mucho caso porque saben que debemos volver a trabajar y tenemos que retomar nuestra responsabilidad, pero el trabajador también se cansa”.
El gobierno estatal acordó 67 obras prioritarias y el sindicato alerta de su posible incumplimiento ante el término de la gestión de Gabino Cué en menos de un mes.

Con información de Milenio

CDMX.- De acuerdo a la nota difundida por el portal de internet Oaxaca Político el pasado miércoles 26 de octubre, el empresario y político juchiteco, Samuel Gurrión Matías, dejó el departamento que utilizó durante los tres años como legislador federal, sin cubrir los pagos correspondientes a su alquiler.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Comité nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) manifestó que en las últimas tres semanas han ocurrido, graves hechos en el ancestral territorio comunal de Los Chimalapas, que han tensado al máximo la paz social en la región y que ponen nuevamente en evidencia la negligencia, pasividad, incapacidad e incluso, posible mala fe, de los gobiernos federal y de los estados de Oaxaca y de Chiapas.