Cientos de comuneros del Istmo de Tehuantepec libran una batalla judicial con la empresa Eólica del Sur, de capital japonés, que instaló en sus tierras el parque eólico más grande de Latinoamérica. El problema viene de antes, cuando la firma realizó una consulta entre la población y firmó contratos de arrendamiento de tierras, al tiempo que obtenía permisos del gobierno cuando los campesinos solicitaban amparo en un tribunal federal. El caso escaló a la Suprema Corte, pero ésta consideró que la consulta sí fue “previa” y “de buena fe”. Los inconformes llevaron la queja a la CIDH, pero ahora denuncian que la empresa les niega los pagos, los acusa de extorsión y secuestro por protestar... y sigue sin pagar el alquiler de los terrenos.
